El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado; los subsecretarios Katherine Martorell y Juan Francisco Galli; entre otras autoridades, firmó este domingo el proyecto de ley para perseguir y sancionar con más y mejores instrumentos a la delincuencia organizada.

“Las bandas delictuales y el crimen organizado han significado la pérdida de muchas vidas, han atemorizado a barrios enteros, han esclavizado a muchos jóvenes, han destruido muchas familias y han provocado un gravísimo daño a nuestra sociedad. Estamos en un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora y con decisión y urgencia, porque mañana podría ser demasiado tarde”, sostuvo el Mandatario en un acto en el Palacio de La Moneda en el que estuvo acompañado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Justicia, Hernán Larraín; el general director de Carabineros, Ricardo Yañez; y el director general de la PDI, Héctor Espinosa.

El proyecto de ley modifica el delito de “asociación ilícita” en el Código Penal, reemplazándolo por dos figuras: la asociación delictiva y la asociación criminal.

La Asociación Delictiva sancionará a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer simples delitos, con penas de privación de libertad de hasta 5 años.

La Asociación Criminal, por su parte, sancionará a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer crímenes, con penas de privación de libertad que llegan hasta los 10 años.

Con esto se establecen criterios claros para cuando se está en presencia de una “asociación” y no simplemente en un concierto de voluntades para cometer un delito. El sólo hecho de “organizarse” será delito, con independencia de si se comete o no el delito que se planifica.

Para darla por establecida, el tribunal deberá apreciar una asociación delictiva o criminal atendiendo a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios y su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo.

Además, la iniciativa establece una regla de incentivo a la delación por parte de alguno de los miembros de la organización criminal. Así, el tribunal puede prescindir de las penas que hubieren correspondido, o imponer una inferior en uno o dos grados, dependiendo de la intensidad de la colaboración.

El proyecto de ley también propone la modificación y facilitación de las técnicas especiales de investigación (agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas e infiltración de redes u grupos criminales operando en el país), extensible a todos los hechos constitutivos de criminalidad organizada, con la autorización del juez de garantía.

“Sólo unidos, con fuerza, voluntad y coraje, y con un sentido de urgencia en la acción, podremos controlar las bandas delictivas y el crimen organizado y devolverles a todas las familias chilenas el derecho a una vida más libre, más segura y con mayor paz”, enfatizó el Jefe de Estado, quien previamente sostuvo una reunión de trabajo con los ministros Delgado y Larraín, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell; y los directores de Carabineros y de la PDI.

El proyecto será enviado en los próximos días al Congreso.