Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Fundación Amparo y Justicia apoyarán a familias de niños víctimas de violación con homicidio en todo Chile
Con este convenio los Centros de Apoyo a Víctimas, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la Fundación Amparo y Justicia, se coordinarán para prestar asesoría a las familias de niños, niñas y adolescentes víctimas de violación con homicidio.
Con la presencia del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter Kirberg y el fundador y Vicepresidente de la Fundación Amparo y Justicia, Andrónico Luksic Craig, se firmó hoy un convenio entre dicho ministerio y la Fundación, el cual garantiza asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a familias de escasos recursos que han perdido un hijo o hija producto de un delito sexual con resultado de muerte.
El acuerdo, se concretará a través de la prestación coordinada, a lo largo de todo el país, entre los Centros de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la ayuda psicosocial y jurídica que proporciona la Fundación Amparo y Justicia. Esto con el fin de abordar el problema de la delincuencia en toda su magnitud.
El Ministro Rodrigo Hinzpeter apuntó a la importancia de la entrevista única investigativa para que se evite la revictimización de los menores que han sido víctimas de un abuso sexual. “No es posible que tengamos una legislación que no esté en armonía con los principales tratados internacionales de derechos del niño, que nuestro país con gran orgullo ha suscrito, pero uno se pregunta entonces, ¿se trata sólo de suscribir tratados internacionales o de ajustar nuestra legislación y ponerla al día con esos tratados internacionales?. Ése es el desafío que nos planteamos hoy, ése es el desafío que nos recuerda Amparo y Justicia y ése es el desafío que este gobierno se compromete a tomar y llevar adelante”.
En este sentido el jefe de gabinete agregó que “estoy seguro que vamos a contar con el concurso de todas las fuerzas políticas del Congreso, naturalmente, que del poder Judicial, del Ministerio Público, de este gobierno y de Amparo y Justicia para hacer realidad, ojalá dentro del primer semestre del próximo año, esa modificación legislativa que permita tener una entrevista única para evitar la revictimización”.
El convenio contempla la coordinación en el caso del abordaje de casos de violaciones con homicidio, de niños, niñas y adolescentes, a través del cual se busca realizar una intervención psicológica, social y legal, oportuna y eficaz, en beneficio de los familiares directos de las víctimas.
“Este gobierno efectivamente respeta los derechos de delincuentes, pero más respeta y aprecia más los derechos de las víctimas y es por eso que hemos impulsado la reforma constitucional que establece el derecho del Estado de brindar asesoría legal a las víctimas. Es por eso que nos preocupa y perseguimos a todos los delincuentes que se sienten con el derecho de agraviar los derechos de personas honestas de nuestro pueblo en sus respectivos barrios, comunas y ciudades. Y es por eso que hoy día nos podemos comprometer para que cuenten con todo el respaldo del gobierno la iniciativa de Amparo y Justicia, y tengamos la entrevista única investigativa dentro del primer semestre del próximo año”, agregó Rodrigo Hinzpeter.
La Fundación Amparo y Justicia cuenta con más de 13 años de experiencia atendiendo en todo Chile a familias que han perdido un hijo o hija a raíz de un delito sexual con resultado de muerte, a través de un modelo de intervención jurídico y psicosocial único que se ha aplicado en casi 40 casos desde 1998 a la fecha.
“La preocupación por las víctimas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública coincide plenamente con la vocación de Amparo y Justicia, que se ha especializado en prestar un servicio integral a las familias, asesorándolas con profesionales altamente especializados en materiales legales y psicosociales”, sostuvo Andrónico Luksic, vicepresidente de Fundación Amparo y Justicia.
Por su parte, Ramón Suárez, presidente de la Fundación añadió que “este acuerdo permitirá que aportemos con nuestra experiencia a una política pública concreta y de alcance nacional”, considerando además la gravedad del delito aludido, el que sin lugar a dudas debe ser uno de los más graves, ya que afecta a nuestros niños y además deja huellas indelebles en las familias afectadas.