Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Rodrigo Ubilla entregó a la instancia presidida por el diputado Gustavo Hasbún, todos los antecedentes emanados de la revisión realizada al interior del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político. Esta tarde, en el ex Congreso Nacional, el ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, expuso ante la Comisión investigadora de las presuntas irregularidades en el otorgamiento de Becas Valech, que preside el diputado Gustavo Hasbún, el resultado de la exhaustiva revisión realizada al interior del Programa de Reconocimiento del Exonerado Político, que depende de su cartera.El ministro del Interior (s) recordó que en agosto, a partir del escándalo de las becas Valech, la PDI detectó documentos fraudulentos en el Programa de Reconocimiento del Exonerado Político. Lo anterior dio origen a una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, con fecha 13 de agosto, en contra de Julio Allendes Allendes y en contra de todos quienes resulten responsables, por los delitos de usurpación de funciones, falsificación de instrumento público y falsificación de sello, timbre o marca de autoridad, entre otros.Tras ello, Ubilla ordenó la revisión completa de los antecedentes y documentación que poseía el Programa de Reconocimiento del Exonerado Político. De los expedientes que figuraban en IPS (7.679) se sacó una muestra aleatoria de 594 para someter a revisión. Paralelamente, dentro de la documentación presente en el Programa, se encontraron 125 denuncias, respecto de las cuales no se había adoptado ninguna medida concreta para evitar o sancionar los supuestos hechos irregulares informados. Además, en la revisión aleatoria pudimos comprobar que sólo 319 caso cumplían con la totalidad de los requisitos, indicó.El personero de Gobierno detalló a los integrantes de la Comisión qué era lo que ocurría con el resto de los casos que no cumplían con la totalidad de los requisitos. Hubo algunos casos que sólo estaban calificados con documentos de autoridades, otros únicamente con información sumaria de testigos, etc.Junto con lo anterior, en la revisión de documentos se hallaron empresas que fueron calificadas de manera irregular y que dieron origen a calificaciones de exonerados que no correspondían. Es el caso de la Fábrica Nacional de Lozapenco S.A. (Fanaloza), que fue calificada por Programa de Reconocimiento del Exonerado Político desde el 11/09/73 al 11/12/81. No obstante, un dictamen de la Contraloría General de la República del mes de enero de 2004, definió que esta empresa sólo fue estatal hasta el 10 marzo 1975. Esto implica que en los hechos, hay 352 trabajadores mal calificados que hasta hoy reciben el beneficio correspondiente y a los cuales ya no se les puede revocar, porque esa opción está prescrita, explicó Ubilla, quien detalló además dentro de esta misma categoría, lo ocurrido con la Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno (Calo), que fue calificada como intervenida desde el 11/09/73 al 31/07/81, sólo con documentos de autoridades. Un dictamen de Contraloría de marzo de 2008 dispuso que nunca se acreditó su intervención, lo que implica en los hechos que hay 91 trabajadores mal calificados que hasta hoy reciben sus pensiones. El ministro del Interior (s) explicó que en ambos casos, el Programa tuvo la opción de revocar los beneficios al menos a una parte, no obstante no lo hizo y hoy toda posibilidad se encuentra prescrita.Rodrigo Ubilla concluyó que todos estos nuevos hechos que pueden configurar los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento falso, certificación falsa a empleado público y omisión de denuncia de funcionario público, fueron agregados a la querella presentada por el Ministerio en el mes de agosto.