Gobierno se querella por lesiones, daños a la propiedad, desórdenes graves y alteración del orden público en cuatro regiones del país
El ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, aseveró que “el Gobierno garantiza el derecho a la libre expresión de los ciudadanos, pero con la misma fuerza que garantizamos ese derecho, creemos que los organizadores deben asumir el deber de garantizar el orden público”.
Querellas con el objetivo de que se investigue y sancione a los responsables de los delitos de lesiones, daños a la propiedad, desórdenes graves y alteración del orden público, durante los días viernes 20 y sábado 21, presentó hoy el Gobierno en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío y Aysén.
En la capital, la querella fue interpuesta por el ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, quien concurrió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en compañía del intendente regional, Fernando Echeverría, y del alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, quien presentó una querella por los graves daños registrados en el centro de la capital durante los desmanes del viernes recién pasado.
Ubilla aseveró que es de público conocimiento “el desborde de grupos organizados que fueron a estas actividades a generar desorden público, sobrepasando las intenciones de los convocantes: En Coyhaique se lanzaron bombas molotov a la Intendencia; en el Biobío, hubo saqueos y daños; lo mismo que en Valparaíso, donde además hubo lesionados. En la Región Metropolitana, se registraron el viernes la agresión brutal a carabineros y daños relevantes”.
El ministro del Interior (s) fue enfático al condenar estos hechos. “Los grupos organizadores tienen que revisar su política, tienen que asumir su responsabilidad en los graves sucesos acaecidos durante los actos públicos del fin de semana. No puede uno llamar y convocar, para luego, en el momento de los desbordes, señalar que se trata de grupos marginales”.
Consultado por la autorización de nuevas marchas, el ministro del Interior (s) aseveró que “el Gobierno garantiza el derecho a la libre expresión de los ciudadanos, pero con la misma fuerza que garantizamos ese derecho, creemos que los organizadores deben asumir el deber de garantizar el orden público. Cada solicitud de marcha se evalúa por parte de la intendencia o gobernación respectiva y es ahí donde se definen los recorridos y horarios. Hasta ahora no se han recepcionado solicitudes de nuevas marchas, por lo que espero que los organizadores sean responsables y pidan los permisos correspondientes, tal como lo han hecho en otras ocasiones para que, en conjunto, se pueda definir el mejor lugar para garantizar el derecho a manifestarse y el orden público”.
El intendente Echeverría indicó que esperará que se le solicite la autorización para, en conjunto, definir el lugar donde se puede autorizar la nueva marcha.
En tanto, el alcalde Zalaquett afirmó que la manifestación del viernes generó daños, “hasta ahora, avaluados en una cifra superior a los 50 millones de pesos, sólo en lo que respecta a la propiedad pública”.
Pablo Zalaquett señaló que “la gente de Santiago me solicitó que nos querellemos en contra de quienes están identificados por imágenes, para que respondan, porque los santiaguinos están cansados: llevamos más de 600 manifestaciones en el año, con daños que superan los 500 millones de pesos”.
El alcalde de Santiago concluyó que le solicitó a la Intendencia que las marchas multitudinarias no sean autorizadas, “los días de semana en la noche, porque está comprobado que nadie se hace responsable y que lo están pagando quienes viven en Santiago” y pidió que los convocantes se hagan responsables de los posibles daños a través de boletas de garantía.