Con la aprobación este miércoles por amplia mayoría en el Senado, el Congreso aprobó una nueva prórroga de las medidas constitucionales que permiten un despliegue especial de las fuerzas armadas y de orden, tanto en la Macrozona Sur como en la Macrozona Norte, tras constatar los positivos resultados obtenidos.

En el caso de la macrozona sur, se extendió el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío.

En dicha zona, los hechos de violencia llegaron a 498 en 2024, anotando una baja de 69,2% en comparación con 2021, con 1.616 casos. Considerando en su totalidad a las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, el año pasado se registraron 517 episodios de violencia rural, es decir, un 46,5% menos que en 2023, cuando se reportaron 966 eventos. La cifra de 2024 es la más baja desde 2017.

Al respecto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, dijo que los datos son “significativos y reconocidos transversalmente”. Además, destacó el hecho de que pese a la caída en los hechos de violencia han aumentado las detenciones, lo que -afirmó- da cuenta de una mejor acción policial y del reforzamiento realizado a la Fiscalía.

En cuanto a la frontera norte, se aprobó la prórroga del decreto que permite a las fuerzas armadas y de orden ejercer funciones de control migratorio y de resguardo de la seguridad en zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El reforzamiento en la zona fronteriza ha permitido reducir sostenidamente los ingresos irregulares migratorios, llegando a 29.269 en 2024, un 48% menos que en 2021, cuando se registró el peak de estos casos, con 56.586.

En este contexto, la ministra indicó que pese a la caída en las cifras, el número de ingresos irregulares “sigue siendo importante, por eso tenemos desplegado la presencia militar y por eso se están tomando todas las medidas que se están tomando”, mencionando el reciente acuerdo con Bolivia para reconducción de migrantes irregulares y los proyectos Sifrón y Muralla Digital, entre otras iniciativas.

Además, en 2024 se produjeron 1.100 expulsiones, un 16% más que en 2023 y 20% más que en 2021. En tanto, las expulsiones administrativas tuvieron incremento de 103% en comparación con 2023 y de 180,5% respecto de 2021.