Fortalecer las atribuciones de la Subsecretaría del Interior y de la PDI es el objetivo del proyecto de ley que este martes fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, permitiendo su paso a segundo trámite en el Senado.

La iniciativa, propuesta por el Ejecutivo, apunta a entregar al Estado herramientas más efectivas para llevar a cabo las expulsiones administrativas. Así, se incorpora como una de las causales para la expulsión decretada por el subsecretario o subsecretaria del Interior las razones de orden público.

En cuanto a PDI, se le faculta para ingresar al domicilio de personas contra las cuales se haya decretado la expulsión por causas graves relacionadas con la seguridad y el orden público. También se otorgan atribuciones a PDI para tomar los datos biométricos de extranjeros mayores de 18 años en condición migratoria irregular, con el fin de incorporarlos al Registro Nacional de Extranjeros.

Al respecto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló durante su intervención en la sala que los cambios incluidos en la iniciativa “están bien pensados desde el punto de vista de dar garantías. De hecho, en la expulsión administrativa decretada por el subsecretario también se da un plazo de cinco días para poderla reclamar”. “No se pasan a llevar derechos, pero sí se hace un esfuerzo por darle efectividad a las decisiones del Estado”.

Además, la jefa de gabinete destacó que este este año “es de los con más expulsiones administrativas que ha habido en Chile”. Según cifras al 3 de diciembre del Servicio Nacional de Migraciones, a la fecha se registran 635 expulsiones administrativas, cifra superior a las materializadas desde 2018 en adelante, considerando el total anual de esos años.

A su turno, tras la votación, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, señaló que “este proyecto, que esperamos pronto sea ley, viene a fortalecer las capacidades de la PDI para materializar expulsiones administrativas, entregándole las facultades de ingreso al domicilio para detener a personas que tengan una orden de expulsión. Al mismo tiempo, amplía las facultades del subsecretario de Interior para dictar expulsiones, no sólo por motivos de seguridad, sino también por motivos de orden público. Nos parece que este va a ser un nuevo instrumento que va a tener el Estado de Chile para incrementar y hacer más eficientes los procesos de expulsión administrativa”.