Este miércoles la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezó una nueva sesión del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, instancia en que se revisaron los avances alcanzados en torno a los 10 ejes de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

Durante su intervención, la secretaria de Estado destacó la importancia de poner atención al lavado de activos para así seguir la pista del dinero que obtienen los delincuentes.

“No solo debemos colaborar en las investigaciones penales, sino que también dar seguimiento y ahogar el funcionamiento de los grupos criminales en nuestro país, estando encima de sus movimientos en todos los ámbitos y particularmente en cómo se mueven sus activos, sus recursos y su dinero”, aseguró la jefa de gabinete.

Asimismo, recalcó el trabajo que han realizado las policías y la fiscalía para desbaratar una serie de organizaciones criminales durante las últimas semanas. “Hemos tenido golpes con la detención de Los Gallegos, Los Pulpos y tuvimos una intervención importante en la toma de Peñalolén donde vimos el control territorial que ejercía un grupo. También logramos identificar y desmantelar una verdadera fábrica de armas que proveía a grupos en la región de Los Ríos y tuvimos un golpe contra el Tren de Aragua en Viña del Mar”, explicó.

En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, coincidió con la ministra en cuanto a que “no se puede terminar con el crimen organizado, si no se termina con sus negocios y desde esa perspectiva ha sido el primer acuerdo de este Consejo Nacional contra el Crimen Organizado”.

Es por ello, dijo la autoridad, que “el Ministerio del Interior, en el marco de esta política, quiere financiar el fortalecimiento de esas capacidades y de una estrategia conjunta de la Unidad de Análisis Financiero, del Servicio de Impuestos Internos y, por supuesto, con el Ministerio Público para ser mucho más eficaces en la persecución del patrimonio y de los activos financieros de las organizaciones criminales”.

Inyectar más recursos

Respecto a los recursos que se han destinado para combatir el crimen organizado, Monsalve destacó que “desde 2022 a la fecha se han transferido 164.000 millones de pesos a instituciones que cumplen funciones en materia de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, pero también a Gendarmería, la Policía Marítima, la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Ministerio Público, que han recibido fondos para dotarlos de tecnología, equipamiento o capacidades para garantizar de mejor manera la lucha contra organizaciones criminales”.

Si bien en 2024 el plan contó con un presupuesto de $75.000 millones, el subsecretario Monsalve advirtió que «estamos a la espera de la discusión de la Ley de Presupuestos en el Congreso, pero anticipamos que superaremos los 80.000 millones para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, lo que nos permitirá continuar fortaleciendo las capacidades y el trabajo de las instituciones del Estado”.

En la reunión de este miércoles también participaron el Ministro de Justicia, Luis Cordero y el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, además de representantes de Carabineros, PDI, Gendarmería, Fiscalía, Aduanas, ANI, SII, UAF, CMF, el Estado Mayor Conjunto, Directemar, la DGAC y la DGMN.