Este martes se aprobó en la sala del Senado, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las fuerzas armadas, presentado por el Ejecutivo en abril de 2023.

“Es un avance democrático para el país alcanzar una normativa en esta materia, que ya está en una fase bastante avanzada de tramitación. La Cámara lo despachó, se aprobó en general en el Senado, ahora viene la discusión en particular y debiéramos en los próximos meses verla transformada en ley. Así seguimos avanzando con la agenda de seguridad”, dijo la titular de Interior tras su aprobación por 40 votos a favor y 3 abstenciones.

El proyecto busca dar rango legal a las reglas que rigen el uso de la fuerza para las policías, tanto Carabineros como la PDI, así como las Fuerzas Armadas. “De esta manera tendremos reglas nítidas y claras que todos conocemos respecto a en qué circunstancias se puede hacer uso de la fuerza y en particular el armamento menos letal o el armamento letal, que ciertamente es el que tiene normas más exigentes”, explicó la secretaria de Estado.

En su intervención durante la sesión de sala, Tohá señaló que “el proyecto se presentó en abril y en virtud del debate se le hizo una indicación en agosto y posteriormente otra en marzo de este año. Desde agosto del año 2023, el proyecto siempre estuvo con urgencia, sea con suma urgencia o con discusión inmediata. Y en el transcurso de la discusión fue teniendo estas sucesivas indicaciones que fueron recogiendo inquietudes que surgieron de los integrantes de las comisiones y también de los auditores de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la PDI, que fueron consultados en varias oportunidades”.

Asimismo, planteó que aún hay “temas que requieren ser perfeccionados en esta etapa del tratamiento del proyecto”. En ese contexto, la titular de Interior enumeró cuatro materias que -de acuerdo al Ejecutivo- deberían ser reevaluadas: la eliminación del principio de proporcionalidad, la eliminación de la posibilidad de reglamentar la aplicación de las reglas de uso de la fuerza en procedimientos policiales específicos, la reducción del listado de reglas de las Fuerzas Armadas y, finalmente, la manera en que quedaron resueltas las presunciones de inocencia o de actuación legal.

El proyecto busca elevar a categoría de ley protocolos específicos que hasta ahora eran emitidos por Carabineros, la PDI y los Ministerios de Interior y Defensa a través de circulares y reglamentos. Además, considera los estándares del uso de la fuerza ya existentes en nuestro país, actualizándolos e incorporando las recomendaciones de distintos organismos internacionales.

La propuesta del Ejecutivo continuará en discusión en particular en las comisiones de Defensa y Seguridad Pública del Senado.