La Cámara deberá pronunciarse el 7 y 8 de noviembre sobre las 14 modificaciones del Ejecutivo

Tras el debate en Sala, el Senado aprobó por mayoría el veto presidencial presentado por el Ejecutivo al proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas e incorpora mecanismos eficientes de restitución. Ahora corresponde que las observaciones sean analizadas por la Cámara de Diputados.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, valoró “que los argumentos que hemos ido planteando hayan logrado ir persuadiendo y convenciendo a las y los senadores. La aprobación del veto en todas las observaciones, salvo una, fue por la primera votación”.

Sin embargo, dijo que aún quedan etapas por cumplir para que se convierta en ley, en referencia a las votaciones de la Comisión de Seguridad y de la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, que se concretarán el 7 y 8 de noviembre próximos. “Si la tramitación en la Cámara es similar a como fue en el Senado, vamos a lograr tener un mejor proyecto (…) nos va a dar una herramienta mejor para defender a las personas cuando son víctimas de este delito de usurpación. Este proyecto configurará la usurpación como un delito permanente, en todas sus modalidades, cuestión que hoy no existe en la ley”.

Asimismo, Tohá refrendó la firme convicción del gobierno, en el sentido que la detención de los usurpadores esté a cargo de las policías y no de las víctimas. “A pesar de que en algún minuto parecía haber apoyo a la idea de una detención ciudadana permanente, haciendo incluso uso de la fuerza, con el tiempo se ha ido instalando que esa no era una buena idea”.

La jefa de gabinete puso de relieve que las penas que se aplican por usurpaciones tienen que ser graduadas de acuerdo a su gravedad, en un amplio espectro que va desde diez años, cuando se trata de una persona que  engaña, miente y hace un loteo brujo, hasta presidio menor en su grado mínimo  cuando no hay violencia en las personas, ni violencia en las cosas.

Consultada sobre el proyecto de ley que anunció la oposición, en busca de asegurar penas de cárcel ante cualquier usurpación, dijo que “no lo conocemos. No tenemos, por lo tanto, posición respecto de él, pero lo que sí tenemos es que una ley que ha costado tanto tramitar, que ha sido tan debatida, debiéramos ver cómo se desarrolla su aplicación, antes de modificarla, debiéramos acumular un poco de experiencia, a ver cómo opera, porque ciertamente todas las legislaciones son perfectibles”, sostuvo.

La ministra del Interior concluyó con una reflexión sobre la importancia de lograr acuerdos. “Debemos buscar caminos antes de llegar a la instancia del veto que, si bien es una instancia plenamente democrática y legal – y somos de los gobiernos que menos la han utilizado – ojalá no sea necesaria de ocupar”.