• “Responsablemente tenemos que partir ahí donde hoy los números nos dicen que el problema es más grave».
• Son 46 comunas a nivel nacional, 22 de ellas en la Región Metropolitana, las que concentran la mayor proporción de ocurrencia de homicidios del país (65%) y que representan el 53% de la población del país.

En la Plaza Bogotá de la comuna de Santiago, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; junto a los Subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo; la Delegada Presidencial Regional Metropolitana, Constanza Martínez; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el Gobernador regional, Claudio Orrego, alcaldes de la RM, junto a autoridades de Carabineros y PDI encabezaron el lanzamiento del plan “Calles Sin Violencia”.

La iniciativa generará intervenciones de carácter regional y comunal en los sectores con mayor concentración de delitos graves, especialmente homicidios con uso de armas de fuego. Se trata de una estrategia de intervención específica para cada territorio a partir de un trabajo coordinado con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

El objetivo es establecer una estrategia de intervención específica para 22 comunas de la RM, a partir del trabajo coordinado de todas las instituciones dedicadas a la seguridad pública, pero que tendrá alcance en toda la región para uno de los ejes, a cargo de los fiscales, referido a la persecución penal efectiva.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, sostuvo que «la inseguridad es una dinámica que se retroalimenta de muchas dimensiones y cuando lo enfrentamos en conjunto, la investigación, la prevención, la sanción, el trabajo en el territorio, la comunidad, el espacio público, la organización social somos mucho más efectivos» y planteó además que «Calles Sin Violencia» se desplegará “en aquellos lugares donde está concentrada la mayor población de nuestro país, son los grandes centros urbanos, son los lugares donde no podemos simplemente trasladar equipos especializados de la PDI y poner un foco particular por parte de la Fiscalía porque por su magnitud requiere un esfuerzo mucho mayor. No podemos, no queremos – y sería muy irresponsable hacerlo – que esta priorización se haga en desmedro de otros lugares del territorio nacional».

Los 4 ejes del Plan

a) Persecución Penal efectiva:

El objetivo es abordar la investigación de los homicidios fortaleciendo la obtención y levantamiento de antecedentes relevantes desde los primeros momentos de ocurridos los hechos, con alcance regional, esto es, en todas las comunas metropolitanas y no sólo en aquellas priorizadas para los otros 3 ejes del plan.

El Ministerio Público estableció un grupo de primera respuesta de homicidios en toda la región, compuesto por fiscales, analistas criminales, abogados asistentes, profesionales de atención a víctimas y apoyo administrativo, a cargo de un fiscal especializado y preferente, coordinado desde la Fiscalía Nacional. La dependencia operativa será rotativa por las 4 Fiscalías Metropolitanas y contará con disponibilidad 24/7.

A su vez, la Policía de Investigaciones (PDI) dispuso de un grupo de investigación especializado dedicado a esta labor. La creación de los “Grupos de Investigación Especial” conformado por funcionarios/as altamente entrenados y especializados en investigaciones criminales, con experiencia en el área y en delitos violentos.

b) Patrullaje Policial Reforzado:

Implementación de patrullajes efectivos para concentrar los esfuerzos policiales para prevenir la ocurrencia de homicidios y delitos violentos. Para esto, Carabineros identificó sectores altamente conflictivos y los horarios con mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios, disparos, amenazas de muerte y drogas, los cuales contarán con patrullajes priorizados. La evidencia muestra que los patrullajes en “hot spot”, es decir, lugares geográficamente pequeños con altas tasas de criminalidad, genera una baja en los niveles delictivos tanto en el lugar intervenido como en zonas aledañas y tiene mayor efectividad en sectores con mayor ocurrencia de este tipo de delitos violentos.

c) Fiscalización de infracciones e incivilidades:

1. Control y Fiscalización de armas: El objetivo es asegurar la tenencia responsable de las armas legalmente inscritas y sacar de circulación las armas ilegales e irregulares. Las policías realizarán una fiscalización intensiva de las armas legalmente inscritas en las comunas intervenidas.
2. Rondas focalizadas de fiscalización: El objetivo es poder dar captura a personas que cuenten con órdenes de detención pendientes y prófugos. Esta fiscalización es de carácter nacional y Carabineros ya se encuentra implementando la búsqueda de 2 mil personas de interés.

d) Intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos:

Considera el fortalecimiento de la presencia del Estado a través de la recuperación de espacios públicos con acercamiento de los servicios sociales y trámites públicos, activaciones culturales y deportivas, trabajo comunitario por medio de inversiones SUBDERE, MINVU, SERVIU, Ministerio de Cultural del Deporte, Municipalidades, GORES, entre otros.

Además, se consideran las inversiones relativas a prevención del delito realizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito y Gobiernos Regionales.

“Transformar la seguridad en una política de Estado”

La titular de Interior precisó que la estrategia del gobierno del presidente Boric es “transformar la seguridad en una política de Estado, fundada en acuerdos transversales, para que deje de ser un campo de disputa estéril, de polémicas y es también una política de Estado en que los distintos poderes del Estado sean parte de ella y contribuyan a ella. Ahí es importante lo que puede hacer el legislativo, el judicial, la Fiscalía, fundamental en la persecución del delito».

Finalmente, la jefa de gabinete concluyó que «los nuevos recursos nos van a permitir apoyar con personal a la Fiscalía, entregar mejores condiciones a Carabineros para reforzar equipamientos y también al personal, apoyar a la PDI y también dotar de un apoyo mayor a toda la labor preventiva que se hace a través de la subsecretaría de Prevención del Delito y de Desarrollo Regional. Esos recursos una parte muy importante de los 1.500 millones de dólares que anunció el Presidente de la República».