La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 143 votos a favor y 0 en contra, las modificaciones a la ley N° 21.325 relativa al mecanismo que permite dar inicio al procedimiento sancionatorio de expulsión administrativa.  Ahora pasa a la comisión de Gobierno Interior para su discusión en particular por haber sido objeto de indicaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 132 de la ley N° 21.325, el actual procedimiento sancionatorio de expulsión de un ciudadano extranjero siempre se iniciará mediante la notificación personal del acto administrativo por la Policía de Investigaciones de Chile, informando la causal de expulsión invocada.

Lo anterior, obliga a la autoridad policial a ubicar al extranjero para notificarlo. Luego, la autoridad migratoria debe esperar el transcurso del plazo de 10 días para que el extranjero efectúe sus descargos y, finalmente, ponderar las consideraciones del artículo 129 de la ley N° 21.325 de Migración y Extranjería para determinar si se aplicará la medida de expulsión.

La propuesta de cambio legislativo busca establecer mecanismos que permitan lograr un trámite expedito de la expulsión administrativa, cumpliendo con la protección del derecho al debido proceso por medio de una modificación al artículo 132 de la ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

El objetivo de este proyecto es facilitar el inicio de los procesos de expulsión administrativa a personas extranjeras mediante la posibilidad de realizar la primera notificación vía carta certificada o correo electrónico informado al Servicio Nacional de Migraciones o a la PDI. En dicha notificación se le informará de la causal de expulsión que le afecta, manteniendo el derecho a realizar descargos, y se le indicará los documentos que puede acompañar para impugnar la decisión.

En cualquier caso en el proceso de sanción de expulsión  se mantiene la notificación personal realizada por la PDI, acompañando copia de la resolución de expulsión, pudiendo el afectado presentar, dentro del plazo de 10 días, el recurso judicial respectivo en contra de la medida.

La titular de Interior, Carolina Tohá señaló respecto de este proyecto que “lo que buscamos con esta propuesta es que el país tenga instrumentos efectivos, expeditos para expulsar a las personas que no tienen nacionalidad chilena y que desarrollen cualquier conducta dañina para la sociedad. Por una parte queremos ser una sociedad que acoja a quienes vienen a buscar oportunidades pero que al mismo tiempo tenga herramientas muy efectivas para decir que venir a Chile a buscar oportunidades no es sinónimo, ni abre la puerta, a quienes vienen a delinquir o a actuar contra funcionarios del Estado, como es el caso del Carabinero Alex Salazar. Este instrumento va a ayudar a superar un déficit en la capacidad del Estado de ejecutar en tiempo y oportunamente las expulsiones que se decretan por parte de la autoridad administrativa”.