• La implementación de la PNCO permitirá actualizar los estándares de persecución del delito, las capacidades de las policías y las herramientas de las instituciones que se desempeñan en el ámbito de la seguridad.

El presidente de la República, Gabriel Boric, presentó hoy en el Palacio de La Moneda el documento que contiene la Política Nacional contra el Crimen Organizado cuyo objetivo central es desarticular bandas y organizaciones criminales y debilitar su poder financiero y económico.

Esta política busca hacerse cargo de un fenómeno creciente en Chile, responsable de actividades delictuales tan graves como el tráfico de armas, narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, el contrabando, el cibercrimen y delitos asociados a la extorsión. También refuerza la implementación de medidas específicas considerando las características de la delincuencia organizada en los territorios. Por ejemplo, robo de madera en la zona sur y el robo de cables de cobre en el norte.

La política nacional contra el crimen organizado implica un importante esfuerzo interinstitucional en el que participarán 17 reparticiones públicas relacionadas a la persecución criminal como los Ministerios del Interior y Seguridad Pública; de Defensa Nacional; de Hacienda; de Justicia y DD.HH.; Carabineros de Chile; la Policía de Investigaciones de Chile; el Estado Mayor Conjunto; la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR); la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); el Servicio Nacional de Aduanas (SNA). A estas agencias se sumaron nuevas instituciones para incorporar la dimensión económico – financiera de los delitos, con el objetivo de impactar el patrimonio de los grupos criminales, como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); la Unidad de Análisis Financiero (UAF); el Servicio de Impuestos Internos (SII); el Ministerio Público; Gendarmería y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

La ministra Tohá, sostuvo que hay diversas medidas para abordar la delincuencia, entre ellas está disminuir el poder de fuego. “Vamos a subir el piso mínimo de las sanciones penales a quienes porten armas de manera ilegal en espacios públicos. A esto se suman los refuerzos a los organismos que controlan la entrada ilegal de armas en las fronteras, entonces ahí hay medidas que tienen por objeto fortalecer las capacidades de Aduana para ejercer este control. Otra de las líneas será controlar el desarrollo de crímenes desde los centros penales, ahí hay medidas de legislación con Gendarmería”.

Respecto de cómo se vincula esta política con el compromiso nacional por la seguridad pública sostuvo que “en la mesa de trabajo que hemos establecido con las distintas fuerzas políticas siempre hemos dicho que tener un acuerdo no implica paralizar la gestión de las iniciativas que están en curso y los esfuerzos que están en la mitad de su desarrollo. Cuando tengamos el acuerdo podrán ver que muchas de las cosas que están en ese acuerdo están recogidos acá en esta política”

Según estudios internacionales Chile no posee una alta criminalidad organizada en comparación con los países de nuestra región. Obtenemos 4,6 puntos en el Índice de Criminalidad, es decir, menor nivel que el promedio regional (5,5) y global (4,9).