El ministro del Interior y Seguridad Pública asistió a la entrega del informe de sistematización de los resultados del proceso constituyente indígena. La instancia, desarrollada en base al Convenio N° 169 de la OIT, tuvo por objetivo recabar los principales derechos solicitados por los pueblos indígenas en la nueva Constitución.

La ceremonia, encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet, se realizó en el Salón Montt – Varas y contó con la presencia de los ministros del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre; de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez y de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

Este proceso, diferenciado y específico, desarrollado en el marco del Proceso Constituyente a nivel nacional, tuvo por objeto recabar los principales derechos que los pueblos indígenas anhelan sean recogidos en la nueva constitución.

En la iniciativa y a través de sus 3 modalidades (encuentros convocados, encuentros autoconvocados y participación individual), participaron 17.016 personas. La sistematización nacional de este proceso fue además objeto de análisis por parte de un Comité Consultivo y de Seguimiento integrado por los Organismos Internacionales y consejeros de Conadi.

“Estamos hablando de 605 encuentros que se realizaron entre los meses de agosto y diciembre de 2016. De ellos, 255 corresponden a reuniones convocadas por el Ministerio de Desarrollo Social y 350 a encuentros autoconvocados. Otras 538 personas participaron a través de internet”, señaló la Jefa de Estado.

“Este es el diálogo que Chile necesita, el que nos permite avanzar en entendimiento, reivindicaciones, derechos y compromisos, incorporando todas las voces, tanto de las personas como de los actores institucionales y sociales”, subrayó la Presidenta.

El convenio 169 de la OIT es un tratado internacional que instaura el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.