En el Palacio de La Moneda, la Presidenta Bachelet presentó esta tarde los integrantes del Consejo Asesor Presidencial que establecerá medidas que regulen la relación entre política y negocios.

En la ocasión estuvieron presentes el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, junto al resto de ministros; los ex Mandatarios Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, además de los líderes de todos los partidos y movimientos políticos, autoridades educacionales, religiosas y personalidades públicas. La instancia es compuesta por Benito Baranda, Vittorio Corbo, Álvaro Castañón, Alfredo Etcheberry, Olga Feliú, Claudio Fuentes, José Andrés Murillo, Andrea Repetto, Manuel Antonio Riesco, Marcela Ríos, Lucas Sierra, Agustín Squella, Paulina Veloso, Daniel Zovatto y Rossana Costa. Eduardo Engel será el presidente de la instancia.

Momento histórico

La Jefa de Estado calificó la creación de esta instancia como “un paso histórico”, apuntando a los casos judiciales que “se han llevado al margen de la ética o de la prudencia, y en algunos casos derechamente al margen de la ley. En ellos se han visto involucrados empresas, partidos políticos, dirigentes y también servidores públicos”.

La Mandataria agregó que “esta es una situación grave, a la que todos juntos tenemos que ponerle freno, por el bien de nuestra democracia, por la equidad que debemos a los ciudadanos y por nuestra oportunidad de ser un país desarrollado”. Agregó que “hoy es mucho lo que está en juego para todos nosotros, está en juego la democracia, pues su fortaleza descansa en la confianza de los ciudadanos. Está en juego la legitimidad de los negocios y del mercado, pues su eficacia radica en la expectativa de que ellos son transparentes, y que no se podrán en juego ventajas o mecanismos ilegítimos”.

Medidas

La Presidenta también anunció algunas medidas, entre las que destacan modificaciones a la Declaración de Patrimonio. “Quiero decir algo que me compete en lo personal; he instruido para que a la brevedad se impartan las medidas administrativas y legales para que se extienda el ámbito de aplicación, se hagan más detalladas, periódicas y de por vida las declaraciones de patrimonio e interés de los altos funcionarios públicos y de los ex Presidentes, partiendo por mí. Quienes hemos recibido la confianza de la ciudadanía debemos responderles con transparencia”.

Otras iniciativas que impulsará el Ejecutivo son un proyecto de Reforma Constitucional para que se establezcan sanciones, “incluso la pérdida del cargo, a aquellos representantes electos que hayan incurrido en delitos sancionados por  los Tribunales de Justicia”.

También se definirán “con precisión y mayor rigor las inhabilidades y las incompatibilidades de las distintas funciones en el sector privado regulado y en el servicio público en general”, a nivel central como en los gobiernos locales.

Asimismo, la Jefa de Estado encomendó “al ministro de Hacienda, la actualización de las normas en materia del buen uso de bienes y recursos fiscales y que imparta las instrucciones para su estricto cumplimiento”.

Texto completo

Amigas y amigos:

Hoy estamos aquí para dar juntos un paso histórico hacia una democracia más sólida y una convivencia justa que se merecen los ciudadanos y ciudadanas de Chile.

Los casos que hemos venido conociendo desde hace ya un buen tiempo en el ámbito de los negocios o de la política, así como de la relación entre ellos, han generado una fundada preocupación y sobre todo malestar en la ciudadanía. Y tengo que decirlo, han sido dolorosos para aquellos que anhelamos un país equitativo y sin privilegios.

Son casos que se han llevado al margen de la ética o de la prudencia, y en algunos casos, derechamente, al margen de la ley. En ellos se han visto involucrados empresas, partidos políticos, dirigentes y también servidores públicos.

Hemos visto cómo algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia, es decir, para influir las decisiones que nos afectan a todos. Y hemos visto también cómo algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos, es decir, los cargos que están para servir a todos los ciudadanos y ciudadanas, para obtener ventajas personales.

Chile es un país de personas trabajadoras, de políticos comprometidos y de empresarios esforzados. Unos pocos casos condenables no deben hacernos perder de vista lo que somos y de lo que podemos sentirnos orgullosos.

Pero tampoco podemos ignorar lo que se ha ido incubando en algunos lugares de nuestra sociedad. A veces hemos dejado que el poder del dinero colonice la convivencia social, y permitimos que una cultura de las ventajas individualistas le doble la mano al sentido del bien común.

Ésta es una situación grave, a la que todos juntos tenemos que ponerle freno, por el bien de nuestra democracia, por la equidad que debemos a los ciudadanos y por nuestra oportunidad de ser un país desarrollado.

Ustedes saben que es mi vocación de toda una vida, y es la inspiración del Programa de mi Gobierno, que todos tengamos iguales oportunidades para surgir, para emprender, para participar, para ejercer cargos de liderazgo. Por eso durante la campaña y en el Programa hicimos un compromiso muy claro con los chilenos: construir un país donde no haya privilegios ni abusos, donde haya igualdad basada en derechos y en una cultura de respeto.

Y es mi palabra, y voy a cumplir ese compromiso.

Dijimos que íbamos a avanzar en políticas de equidad e inclusión, y lo estamos haciendo. Del mismo modo, vamos a poner freno a los privilegios y obstáculos, y no permitiremos que nada ni nadie obstaculice o desvíe la vocación de igualdad y el sentido ético que nos inspira.

Amigas y amigos:

Estamos hoy aquí para enfrentar ese desafío, juntos como país, y construir soluciones permanentes. Ésta es una oportunidad histórica para avanzar en una buena política y en una buena economía.

Para tener éxito en este ámbito, las soluciones deben ser institucionales. Una institucionalidad legítima que esté a la altura de los desafíos y las  complejidades de la época que vivimos, pero también, a la altura de las demandas de nuestra sociedad. Por eso hoy debemos revisar y perfeccionar nuestras instituciones.

Hoy es mucho lo que está en juego para todos nosotros. Está en juego la democracia, pues su fortaleza descansa en la confianza de los ciudadanos.

Está en juego la legitimidad de los negocios y del mercado, pues su eficacia radica en la expectativa de que ellos sean transparentes, y que no se pondrán en juego ventajas o mecanismos ilegítimos.

Está en juego el rol del Estado, que depende de la imparcialidad de los servidores públicos para garantizar que las normas se apliquen por igual.

Y está en juego, especialmente, el esfuerzo de millones y millones de hombres y mujeres de nuestra patria que batallan día a día por surgir y darles una mejor vida a sus familias.

Y ellos lo hacen en la esperanza que van a tener las mismas oportunidades, que sus esfuerzos y sus méritos serán reconocidos y premiados con justicia, y que no serán postergados por quienes tienen poder e influencias.

Esa confianza, esas expectativas, esa esperanza, son la base de nuestra cohesión como nación, el impulso de nuestra economía, el pilar de nuestra paz social, la legitimidad de nuestra democracia. Dañar esa fe pública, es hacernos daño a nosotros mismos en lo más profundo.

Por eso, ha llegado la hora de actuar. Y en este plano, Chile no tolera dilaciones. Y en mi responsabilidad como Presidenta impulsaré las medidas institucionales que regulen de manera estricta y eficaz las relaciones entre el dinero y la política, pero también al interior del ámbito público como en el de los negocios.

Esto no se trata de restituir las confianzas en beneficio de algún actor particular, de mí, del Gobierno o de los empresarios. Esto es una necesidad del país, de la salud de la democracia que todos necesitamos para vivir.

Por eso debemos hacer que esos casos no vuelvan a repetirse. Se equivocan quienes creen que éste es el momento de suavizar los hechos o esconder la tierra bajo la alfombra. No, se trata de asegurar, mediante instituciones sólidas, que esto no vuelva a ocurrir.

Por eso, en los casos que ya conocemos, apoyaremos con decisión el trabajo de la justicia en su plena autonomía, para que sean aclarados y sancionados.

Y para crear un mejor marco para el futuro, debemos revisar y hacer más severa y actualizada la legislación existente y los proyectos en discusión, y dotar a las instituciones de poder efectivo para hacer valer sus controles y sus sanciones.

Pero, como sabemos que las regulaciones legales no siempre alcanzan para ordenar la enorme diversidad de relaciones entre lo público y lo privado, y que estas realidades cambian más rápido que las leyes, necesitamos también desarrollar una cultura y una ética de la transparencia que nos inspire siempre.

Tengo la convicción que hay materias urgentes que regular, y le he encomendado a los ministros que avancemos desde ya en la elaboración de indicaciones y proyectos de ley en ese sentido.

Enviaré un proyecto de reforma constitucional para que se establezcan sanciones, incluso la pérdida del cargo, a aquellos representantes electos que hayan incurrido en delitos sancionados por  los Tribunales de Justicia.

También que definan con precisión y mayor rigor las inhabilidades y las incompatibilidades de las distintas funciones en el sector privado regulado y en el servicio público en general, tanto a nivel central como en los gobiernos locales.

He encomendado también al ministro de Hacienda, la actualización de las normas en materia del buen uso de bienes y recursos fiscales y que imparta las instrucciones para su estricto cumplimiento.

Y quiero decir algo que me compete en lo personal: he instruido para que a la brevedad se impartan las medidas que hagan más detalladas y periódicas las declaraciones de patrimonio e interés de los altos funcionarios públicos y de por vida en el caso de los ex Presidentes, partiendo por mí. Quienes hemos recibido la confianza de la ciudadanía, debemos responderle con transparencia.

Del mismo modo, he decidido constituir un Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.

El mandato de este Consejo es claro. He instruido que, más allá de las que he anunciado, proponga medidas en el plano administrativo, legal y ético, de aplicación inmediata y de mediano plazo, tanto para el ámbito de los negocios y el servicio público, como para las relaciones entre ellos.

Se trata de perfeccionar nuestro ordenamiento para que, por ejemplo, ninguna persona pueda verse beneficiada por contar con información privilegiada o contactos políticos; que los servidores públicos no se vean expuestos al poder del dinero; que el abuso de poder no sea más una práctica y que los culpables de estos hechos tengan sanciones efectivas y ejemplares.

El Consejo deberá proponer mecanismos accesibles y eficaces de defensoría a los ciudadanos, contra actos arbitrarios y de corrupción que puedan afectarles.

Y le doy mucha importancia a la elaboración de un estricto código de prácticas y criterios éticos que oriente las decisiones en el ámbito de la política, los negocios y el servicio público, más allá de sus tipificaciones y sanciones legales.

Debemos hacer de la transparencia y la integridad un modo de vida. Y buscaremos que ese código forme parte de los programas educacionales.

Y en el marco de esos objetivos, el Consejo cuenta con plena autonomía para desplegar su función, la que desarrollará aquí en La Moneda, Casa de los Presidentes y símbolo de lo público en Chile, para resaltar la importancia de su trabajo.

Éste es un objetivo nacional, en que estamos todos comprometidos. Por eso he pedido a destacadas personalidades del país, de reconocida e intachable trayectoria pública y privada, diversos en sus pensamientos y especialidades, que aporten orientaciones precisas para este desafío de país.

Le he pedido a Eduardo Engel, ingeniero civil de la Universidad de Chile, Doctor en Estadísticas de la Universidad de Stanford y Doctor de Tecnología en la Universidad de Massachusetts y actual profesor titular de Economía de la Universidad de Chile, profesor visitante de la Universidad de Yale, que presida este Consejo Asesor Presidencial.

Miembros del Consejo son:

–        Benito Baranda, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica, Máster en Ciencias de Matrimonio y la Familia de la Universidad Lateranense de Italia, Director Internacional de América Solidaria y ex Director Nacional Social del Hogar de Cristo.

–        Álvaro Castañón, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, Coordinador Legislativo de la Fundación Ciudadano Inteligente.

–        Rossana Costa, Subdirectora de Libertad y Desarrollo, ingeniero comercial mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

–        Vittorio Corbo, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Doctor en Economía de MIT, ex presidente del Banco Central de Chile.

–        Alfredo Etcheverry, abogado de la Universidad de Chile, Máster en Derecho Comparado de la Universidad de Columbia, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Talca.

–        Olga Feliú, abogada, graduada de la Universidad de Chile, presidenta del Colegio de Abogados de Chile desde el año 2011.

–        Claudio Fuentes, profesor y director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y Doctor de Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte.

–        José Andrés Murillo, Doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas con mención en Filosofía Política de la Universidad de París, Máster en Sociología del Poder de la Universidad de París y presidente de la Fundación por la Confianza y vocero del Bloque por la Infancia.

–        Andrea Repetto, economista de la Universidad Católica de Chile, Doctor y Máster en Economía de MIT, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro del directorio de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

–        Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, ingeniero civil industrial y Máster en Economía  de la Universidad de Chile.

–        Marcela Ríos, Doctor y Máster en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos, y Magíster en Ciencias Sociales de la FLACSO, oficial a cargo del Programa de Gobernabilidad  del PNUD en Chile.

–        Lucas Sierra, abogado de la Universidad de Chile, Máster en Derecho de la Universidad de Yale, Doctor de la Universidad de Cambridge, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, subdirector del Centro  de Estudios Públicos.

–        Agustín Squella, abogado de la Universidad de Chile, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Filosofía y Derecho de la Universidad de Valparaíso y Diego Portales, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009.

–        Paulina Veloso, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada de la Universidad de Concepción, ex Ministra Secretaria General de la Presidencia

–        Daniel Zovatto, el único no chileno del grupo, Doctor en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, fue y ha sido Director Ejecutivo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también encargado regional de IDEA.

Quiero agradecerles, a todos ustedes, muy sentidamente su compromiso con nuestro país, pues les he pedido un trabajo intenso, y sé que todo nuestro país les agradecerá también.

El Consejo elaborará sus propuestas recogiendo las mejores prácticas a nivel mundial, escuchando a la ciudadanía, a expertos y organismos internacionales mediante audiencias.

Quiero insistir en un punto: cuando se trata de transparencia e integridad, importa tanto el resultado como la forma en que se obtuvo. Por eso quiero pedirles de nuevo -porque  estuvimos conversando un ratito arriba- un diálogo franco y sin cortapisas, abierto a todos. Porque debemos reconstruir las confianzas, y el primer paso es actuar de cara al país.

Les hemos impuesto un plazo muy acotado, porque la ciudadanía demanda soluciones oportunas.  Además, una parte muy importante del diagnóstico ya lo tenemos; ahora necesitamos medidas concretas. Desde hoy, el Consejo dispondrá de un máximo de 45 días para entregar sus propuestas.

Sé que harán un gran trabajo, su trayectoria los avala, pero estará incompleto si no es todo Chile el que se compromete.

Éste es un trabajo de todos, por eso como Gobierno nos comprometemos a que los instructivos administrativos se dictarán en no más de 15 días después de recibidas las propuestas, y los proyectos de ley serán enviados, a más tardar, en un plazo de 40 días.

En el ámbito legislativo existen actualmente propuestas en tramitación, y le pedimos al Consejo que las revise, si quiere proponernos indicaciones al respecto.

Chilenas y chilenos:

Quisiera agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes la generosidad y dedicación que este Consejo va a otorgar a las tareas que le hemos encomendado.

Quiero agradecer también a los ciudadanos y ciudadanas de Chile por la exigencia que nos hacen de avanzar en la transparencia y equidad de nuestro orden común. Ustedes son el motor primero de nuestro progreso como sociedad.

Debemos ahora reconstruir nuestras confianzas y dignificar la actividad política y empresarial que tanto contribuyen al desarrollo de Chile.

No es el momento de los cálculos pequeños; ésta es la hora del sentido patriótico.

Pido el apoyo de todos y todas para avanzar en esta tarea que es indispensable para construir una convivencia que nos llene de orgullo.

Muchas gracias a todos.