El ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos, encabezó la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizado en La Moneda, en la que participaron las ministras de Justicia y Sernam, Javiera Blanco y Claudia Pascual; el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán; los subsecretarios de Interior y Prevención del Delito, Mahmud Aleuy y Antonio Frey; el General Director de Carabineros, Gustavo González y el Director General de la PDI, Héctor Espinosa, entre otros actores involucrados en materia de seguridad.

Tras el encuentro, el titular de Interior señaló que “si bien es cierto que la ley establece que tiene que ser reuniones como mínimo una vez al año, he tomado la decisión -que propuse al consejo y fue aceptado por unanimidad- de convocar a este consejo en su rol consultivo, pero esencialmente asesor, cada dos meses”. De esta manera, la autoridad explicó que se realizarán a lo menos seis reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La autoridad reconoció también que “uno de los puntos que hay que reforzar es una agenda legislativa ciudadana en estas materias”, informando que “junto con la ministra de Justicia estamos viendo estos temas. Hemos conseguido y decidido que se ponga discusión inmediata a la agenda corta de Seguridad Ciudadana que se encuentra en el Congreso”.

Comité Policial Operativo en regiones

Frente a la instancia que se hace cargo de la seguridad pública en regiones, el ministro Burgos indicó que “espero de aquí a fin de año estar personalmente presente en todos esos comités regionales. Yo creo que es muy  importante que el ministro del Interior y Seguridad Pública tenga una percepción directa de lo que ocurre en regiones, porque la situación no es idéntica y tiene que ver a veces con particularidades de cada región y es bueno apercibirla desde ahí”.

Finalmente, el titular de Interior destacó que “el desafío es mejorar en seguridad pública. Es una tarea de todos, pero que sea de todos no significa que la responsabilidad sea difusa. Es de todos y cada uno respecto de lo que dice la Constitución y la Ley, y es también un desafío porque los datos de victimización que ha venido teniendo nuestro país –de acuerdo a la encuesta más grande que se hace probablemente en Sudamérica en estas materias- no son malos, pero eso choca con una sensación que es muy importante”.